La presente monografía tiene por objeto el estudio de la configuración legal del derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales tras la reforma operada en nuestro Ordenamiento jurídico en virtud de la transposición de la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010. Tras ofrecer un breve panorama de los derechos procesales reconocidos a los sospechosos o acusados y proceder posteriormente al examen de la Directiva, se aborda el análisis detenido de la normativa reguladora del derecho a interpretación y a traducción en la LECrim -los nuevos arts. 123 a 127-. La obra se centra finalmente, de forma especial, en la previsión legislativa que posibilita que la interpretación se lleve a cabo por medio de videoconferencia, y las consecuencias que ello conlleva en relación con el derecho de defensa del sospechoso o acusado. Las conclusiones a las que se llega son, desgraciadamente, poco alentadoras: además de las importantes limitaciones a que se encuentran sometidos los derechos a interpretación y traducción, lo que lleva inevitablemente a una reducción de su ámbito de protección, la reforma legislativa, de nuevo ?a coste cero?, articula en nuestro sistema unos derechos cuyo ejercicio real en la práctica no va a resultar nada fácil.