El trabajo está montado como un intencionado diálogo con los criterios esgrimidos por el Tribunal Constitucional sobre esta materia en su ya dilatada jurisprudencia. El autor defiende una concepción "amplia" del ámbito material de las leyes de presupuestos. Según esta posición, este tipo de ley debe incluir la materia presupuestaria, pero, como ley que es, puede cobijar otras materias, salvo prohibición constitucional clara al respecto. Esta posición es superadora de la concepción de la ley de presupuestos como ley meramente formal, de suerte que la concibe como una ley plena, emanada de la potestad legislativa del Parlamento, con la fuerza propia de ley, esto es, no vinculada a la legislación previa y capaz(aunque no siempre idónea, desde la perspectiva de la técnica legislativa) de emprender innovaciones legales. El resultado es que los límites al contenido material de las leyes de presupuestos son sólo aquéllos inequívocamente fijados por la Constitución para las leyes, en general, y para esta ley, en particular. Estos últimos se contraen a las materias expresamente reservadas y prohibidas, que configuran respectivamente el contenido necesario y prohibido en los términos de los apartados 2 y 7 del artículo 134 CE. Por ello, contrariamente a lo sustentado por el Tribunal Constitucional, se sostiene que el hecho de que la ley de presupuestos deba cumplir una función constitucional, posea unas peculiaridades procedimentales y deba respetar la seguridad jurídica, no ha de ser impedimento para que esta ley pueda acoger las materias que el legislador en el ejercicio de su libertad de configuración normativa considere convenientes, con respeto, claro está, de las prohibiciones materiales existentes en el ordenamiento constitucional. Desde esa postura "amplia", el autor formula propuestas de solución o de mejora frente al desbordamiento material de las leyes de presupuestos. Asimismo, tras analizar su problemática específica, plantea posibles soluciones en relación a la