Una cuestión que parece olvidada, debido al empuje creciente del discurso economicista que se ha impuesto en los últimos años, es la del marco constitucional que vincula a la Administración a través de principios que debieran ser tenidos en cuenta en cualquier propuesta de reforma del sector público. No sólo los principios internos sobre la eficacia de la Administración, sometimiento a la ley, etc., sino también los principios constitucionales que deben guiar a los parlamentos y los gobiernos en relación con la configuración del sector público, como es el caso del Estado social y los derechos sociales. Igualmente, los principios constitucionales que determinan el reparto de competencias en la materia y la autonomía de las distintas administraciones territoriales: organización federal, autonómica o regional del Estado o garantía constitucional de la autonomía local.
Teniendo en cuenta esas condiciones constitucionales previas, es posible realizar propuestas, partiendo del análisis comparativo, que permitan hacer compatible la racionalización de la actividad pública y el aumento de la eficacia de la Administración con una cultura constitucional basada en el principio de Estado social y la garantía de los derechos sociales de la ciudadanía.